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La disminución de los fondos de la Seguridad Social por la vía de la rebaja de los tipos de cotización y las bonificaciones de cuotas constituye un campo recortes que está pasando inadvertido. Una machacona propaganda neoliberal trata las aportaciones a la Seguridad Social como un coste de la empresa cuyo peso fuese conveniente aligerar a favor de la creación de empleo, eludiendo reconocer su carácter de salario socializado. Las aportaciones empresariales a un sistema de protección social frente a las contingencias de accidente laboral, incapacidad, jubilación… fueron en su día una conquista del movimiento obrero, y la reducción de las aportaciones al sistema constituye una reapropiación de esa fracción del salario por parte de la empresa.
La primera bajada de los tipos de cotización afectó a los destinados a la cobertura del desempleo, muy poco antes de que las cifras del paro comenzasen a subir: en 2007 rebajaron la aportación de las Empresas de Trabajo Temporal, y en 2008 la de los contratos temporales a tiempo parcial. La medida no se echó atrás a pesar de las nuevas necesidades de recaudación, es más, a pesar de la necesidad evidente de aplicar más fondos a la cobertura del paro, el incremento en las aportaciones empresariales se hubiese considerado erróneo sobre la base de que la bajada del precio del trabajo remunerado era y es la fórmula para salir de la crisis del empleo.
El presupuesto de la Seguridad Social para 2015 prevé una pérdida de ingresos de 1.500 millones de euros por bonificaciones de cuotas
La política de rebaja generalizada de las cuotas, cada vez menos exigente en sus condiciones, se maneja con toda desfachatez como fórmula para el fomento de la contratación. Pero cuando las rebajas de cuotas de la Seguridad Social son generalizadas y no se aplican a colectivos específicos no sirven para otra cosa que abaratar el costo de contrataciones que se hubiesen realizado de cualquier manera. Y respecto a las rebajas de cuotas para contratar a colectivos determinados, fácilmente desembocan en el efecto sustitución, es decir, las personas pertenecientes a los colectivos protegidos desplazan a otras que hubiesen podido ser contratadas, sin que el número total de personas empleadas crezca.
La tarifa plana de 100 euros para la cotización empresarial en los contratos indefinidos creada en marzo del año pasado debía haberse extinguido en diciembre, pero ha sido prorrogada por otros tres meses. La propia norma establecía una fórmula para computar la plantilla que hacía perfectamente posible zafarse del deber de incrementar y mantener el personal fijo, que era teóricamente su objetivo.
La última vuelta de tuerca en el camino de rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social es el RDL 1/2015, que a partir del 1 de marzo declara exentos de cotización los primeros 500 euros de salario mensual en los contratos indefinidos iniciales. La rebaja se aplica solamente a la cuota patronal, la trabajadora paga su aportación íntegra. Pues bien, la medida es una ampliación del beneficio de la tarifa plana de los 100 euros en varios sentidos. Dura mucho más tiempo, el deber de crear y mantener plantilla se elude mucho más fácil y se relajan las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones aparejadas a la ayuda.
La tarifa plana de 100 euros tenía una duración de nueve meses, que se han prolongado a un año en total; el beneficio de los 500 euros mensuales exentos de pago a la Seguridad Social se extenderá durante dos años, y un tercer año en el que la exención queda en 250 euros. Los contratos a tiempo parcial no inferiores al 50% de la jornada tienen exenciones proporcionales. En cuanto a la obligación de mantener el empleo, queda en nada en la práctica. Se puede reducir plantilla sin perder la rebaja salvo que se hagan despidos que sean declarados improcedentes. No es un obstáculo para mantener el beneficio, realizar despidos objetivos, ceses al término de contratos temporales de cualquier clase… y por supuesto, cualquier clase de despido que se arregle extrajudicialmente.
El presupuesto de la Seguridad Social para 2015 prevé una pérdida de ingresos de 1.500 millones de euros por bonificaciones de cuotas. Para calibrar lo que significa esa cifra, tengamos en cuenta que la contribución estatal a las prestaciones de la Ley de Dependencia en 2015 no llegará a los 1.200 millones de euros. Y, lo que es también muy significativo, que el ahorro anual que supuso el dejar de financiar en el 2012 la seguridad social de 180.000 cuidadoras familiares fue de algo más de 350 millones de euros. La entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, vendió esta medida junto a la reducción de la prestación económica de cuidados familiares como una manera de que las mujeres dejasen de ser las eternas cuidadoras pasando a resolverse las necesidades de atención con el resto de servicios de la Ley de Dependencia. Servicios que también han reducido alegando la rebaja de la recaudación que los financiaba, con lo que volvemos al planteamiento inicial de este artículo: las rebajas para algunos se traducen en recortes para el resto.
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