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“En los mercados se juega con la posibilidad de que la Seguridad So­cial, que está en contacto directo con la vida, sea privatizada”. Así se expresaba Andrea Fumagalli, profesor de Economía Política en la Universidad de Pavía (Italia), durante una entrevista con Diagonal en enero de 2011. “Eso significa pasar el control de la vida desde la propiedad pública a la propiedad privada”, decía. Poco antes, en noviembre de 2010, el responsable de Economía del PP, Cristóbal Monto­ro, ya anunciaba que la gestión de servicios sociales básicos podía ser más eficaz desde la iniciativa privada.

Desde que llegó al Gobierno, el PP ha seguido esta línea de externalizaciones en diferentes sectores que afectan a los ciudadanos en su vida diaria. El pasado 13 de marzo, la representación sindical de CC OO de la Seguridad Social entregaba una lista con más de 9.000 firmas de empleados del ministerio de Fátima Báñez denunciando, precisamente, esas políticas de privatización.

Autorizaciones para contratar a personal externo esgrimiendo la “insuficiencia de medios de personal” o su incapacidad, privatización de emisión de vidas laborales, del modelo de lucha contra el fraude o de la gestión de la sede electrónica. CC OO viene denunciando desde hace años las continuas externalizaciones a las que acceden, a través de contratos millonarios, empresas “deseosas de hincarle el diente” al presupuesto.
Privatizar la Administración

Sin embargo, más que por la escasez de personal, la privatización ha sido consecuencia de la liberación de unos servicios que dejan de ser sociales para entrar en la esfera privada. Existen sectores que tradicionalmente se han mantenido externalizados, como los de limpieza o mantenimiento, pero “cada vez están entrando más en el núcleo de la Adminis­tración”, según denuncia Elena Idoate, miembro del seminario de economía crítica Taifa.

Idoate asegura que el capital ha conseguido entrar gradualmente en los servicios públicos hasta un nivel muy profundo debido, principalmente, a dos razones. Por un lado, porque “no se quiere mantener el modelo de empleados funcionarios” por “un tema de derechos laborales”. “Existe la gestión pública porque tiene que haber unas garantías de transparencia, igualdad… para que todos los ciudadanos puedan acceder a los mismos derechos”, explica. En este sentido, las garantías que existen tras la función pública impiden que un empleado sea despedido si decide, por ejemplo, denunciar algún caso de mala praxis.

Pero, por otro lado, las externalizaciones sirven para animar a una “economía que ya está saturada y no sabe dónde invertir”. “Una manera de invertir en la economía es regalarles un negocio”, asegura Idoate. A pesar de que para acceder a estos contratos se lleva a cabo un concurso público, “en realidad es un negocio asegurado, porque, una vez contratada, la empresa privada recibe un traspaso de fondos públicos”.

Sólo durante el último año, CC OO ha emitido 22 hojas informativas “sobre las privatizaciones, o, como lo llaman más eufemísticamente, externalizaciones de la Seguridad So­cial”. Ya en 2013, más de la mitad de la plantilla en la gestión informática era personal externo y en mayo de ese mismo año el Gobierno autorizó un macroconcurso por valor de 70 millones de euros para adjudicar a empresas de consultoría tecnológica la gestión online de asuntos como prestaciones o emisión de vidas laborales, documentos, además, con una gran cantidad de datos sensibles.

A finales de 2014 se aprobaba, con el rechazo de la mayor parte de los partidos políticos, la reforma de la Ley de Mutuas, una modificación que extiende los poderes que tienen las mutuas, que no son más que asociaciones privadas de empresarios, sobre los trabajadores y su salud en el trabajo, y que supuso la ampliación de la privatización de una gran parte de la Seguridad Social.

Quizás una de las externalizaciones más sonadas fue la contratación de una empresa privada, Accenture, para prestar servicios de consultoría estratégica con el objetivo de poner en marcha el modelo de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular, un trabajo para el que, según denunció CC OO en su momento, “la Tesorería General no cree competentes a ninguno de sus cerca de 13.000 trabajadores”.

En este sentido, Elena Idoate critica duramente esta actitud y asegura que argumentar una externalización en la incapacidad de los empleados del Estado “desprestigia a la función pública”. “A los funcionarios se les puede formar en nuevas necesidades, y el mercado no va a tener más expertos que dentro de la propia función pública”, añade.
Datos sensibles

Asimismo, y al igual que ocurre con la emisión de las prestaciones o de las vidas laborales, se trata de “temas muy sensibles”, que contienen gran cantidad de datos personales y que, desde el punto de vista de Idoate, “hay que apartar del negocio”. “Son datos que tienen que estar lo más protegidos posible y, cuando hay externalizaciones, esto no está asegurado del todo”, explica.

Existen, además, situaciones muy graves, con problemáticas personales y laborales complejas –como el hecho de tener que pedir una prestación por violencia de género, por ejemplo–, que deben gestionarse de una manera experimentada y no enfocada a lo puramente económico.

En este sentido, las privatizaciones en general, y en concreto la de la Seguridad Social, están provocando que los ciudadanos pierdan derechos sociales y sean vistos, desde la perspectiva de las empresas privadas que toman el control de esos poderes, como clientes. “La ciudadanía ya está muy desprotegida y, si el servicio está exter­nalizado, la Adminis­tra­ción ya no será responsable, por lo que la manera de solucionar los problemas es mucho más complicada”, concluye Idoate.
Accenture y la externalización progresiva

La compañía Accenture se adjudicó un contrato de 1,36 millones de euros para prestar, durante dos años, servicios de consultoría en lucha contra el fraude a la Seguridad Social. El equipo estratégico que recibió esta boyante oferta estaba formado por nueve personas: un gerente, dos consultores de negocio y seis analistas de datos. A pesar de que el cuerpo de funcionarios públicos ha visto durante el mandato de Mariano Rajoy la congelación de sus sueldos y otras pérdidas de derechos, no pareció suponer ningún problema otorgar un contrato a nueve personas que, de media, cobrarán unos 5.400 euros por poner en marcha un sistema que los mismos funcionarios públicos podrían haber desarrollado. La “incapacidad” de los empleados estatales no cabe en este escenario. “El hecho de tener experiencia en llevar estos casos es, precisamente, lo que marca la diferencia”, asegura Idoate, quien considera que colocar en estos puestos a gente nueva provoca que ese equipo haga su trabajo sin incentivos para aprender cosas nuevas, por lo que se pierde experiencia.