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Entre los planes del Ministerio de Empleo siempre ha estado aprobar en la primera mitad de 2014 la nueva regulación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que son entidades colaboradoras de la Seguridad Social que gestionan ya las bajas laborales de cerca del 90% de los trabajadores.
Sin embargo, la nueva regulación de estas entidades registra constantes y sucesivos retrasos. Sin ir más lejos, estaba previsto que el anteproyecto de ley fuera mañana viernes al Consejo de Ministros pero finalmente no será así. Su aprobación volverá a posponerse, según fuentes que negocian esta nueva normativa.
Los responsables del Ministerio de Empleo mantuvieron en la tarde del martes una reunión con representantes de la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CC OOy UGT para exponerles la situación por la que atraviesa el proyecto de ley cuya última versión es de hace tres meses, rechazada frontalmente por los sindicatos.
Según fuentes conocedoras del contenido de este encuentro, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, expuso a los agentes sociales que en la última versión del anteproyecto de ley que está elaborando su departamento, ya no aparece la posibilidad, que se daba en un borrador anterior, de que las mutuas propusieran el alta a los médicos de familia que habían emitido la baja a través de la Inspección médica de los Servicios Públicos de Salud. Y esta tendría cinco días para contestar y aceptar la propuesta de alta de la mutua o denegarla y justificarlo. En el caso de no pronunciarse en esos cinco días, los médicos de las mutuas podrían dar el alta al trabajador.
Esta propuesta de Empleo, que contaba con el respaldo de los empresarios de CEOE, fue rechazada de plano por los sindicatos. Además, según fuentes del sector, esta intención de dar más poder a los facultativos de las mutuas se ha topado con problemas legales relacionados con las competencias de los médicos de cabecera dependientes de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Y también con el rechazo del Ministerio de Sanidad, que teme la oposición de los médicos, reactivando una nueva rebelión de las batas blancas, según fuentes del sector.
Ante esto, el nuevo texto que prepara Empleo se limita a reducir a cinco días el plazo en el que la Inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) –en lugar de los servicios regionales de salud– debe responder si acepta o no la propuesta de alta de una mutua. Pero si no responde, el silencio administrativo no significará que el facultativo de la mutua pueda dar el alta al trabajador.
Sin embargo, la Oficina Económica del Gobierno es la que, tras este cambio, ha paralizado la aprobación de este proyecto de ley y sus responsables quieren ser los que tengan la última palabra. Por ello, ni los sindicatos –que apoyarían esta renuncia–, ni los empresarios, que son contrarios a ella, quieren posicionarse hasta que tengan un texto por escrito.
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