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El proceso de adelgazamiento al que se ha sometido la Administración General del Estado ha sido muy relevante. Desde enero de 2010, fecha en la que empezó el ajuste del empleo público, hasta julio de 2013 se han perdido 67.200 empleos, de los que una gran parte procede de la congelación del empleo público y de la limitación de la tasa de reposición (el número de empleados que sustituyen a los que se dan de baja) al 10% para tan solo algunos colectivos, como sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad o la Agencai Tributaria. Y un dato que avala este argumento surge de la información proporcionada a los sindicatos por el Ministerio de Administraciones Públicas con el balance de las altas y bajas en la Administración central durante el pasado ejercicio, al que ha tenido acceso CincoDías.
En 2013, se produjeron 7.749 bajas y tan solo 601 altas, lo que supone que tan solo se repuso un 7,7% de las salidas. El hecho de que no llegue al 10% de la tasa de reposición (lo que habría supuesto 715 incorporaciones) se explica por el hecho de que esta excepción solo se aplica a determinados colectivos y no a todos. Si se tiene en cuenta la causa que provocaron las bajas, es llamativo el hecho de que casi la mitad de las bajas (3.523, un 45% del total) fueron jubilaciones anticipadas. El Ejecutivo ha endurecido las condiciones para que todos los empleados, tanto del sector público o del sector privado, acceden a la jubilación anticipada o parcial. De hecho, estas medidas han provocado que la edad de jubilación real en España se acerque a los 64 años. Sin embargo, algunos empleados públicos disfrutan de ciertos regímenes especiales que les permite jubilarse anticipadamente en función de la carrera de cotización que hayan acumulado y si han cumplido el máximo establecido por ley.
De las 3.523 bajas por jubilación anticipada, 947 se produjeron en los Cuerpos Generales, 667 en las oficinas de la Seguridad Social, 387 en la Agencia Tributaria y 327 en el Ministerio de Defensa. A esas salidas se unen las jubilaciones forzosas, que se elevaron a 2.462 bajas. Este ranking está encabezado por la Seguridad Social, con 419 bajas, seguido por los Cuerpos Generales, con 328, y los Organismos Públicos de Investigación (OPIS), con 212 bajas. En este último ente están el Centro Superior de Investigaciones Científicias (CSIC), el Instituto de Salud Carlos III o el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), entre otros. Este último punto es uno de los que más preocupa a los sindicatos de la función pública, puesto que hay una parte importante de los empleados públicos muy cercana a la edad de jubilación, lo que implica que el número de salidas irá creciendo paulatinamente en los próximos años y todo parece indicar que la tasa de reposición se mantendrá. Entre la bajas también destaca el hecho de que el 8,1% (634) correspondan a jubilaciones por invalidez permanente y que dos tercios de esas salidas se concentren tan solo en cuatro departamentos (Seguridad Social, Defensa, Cuerpos Generales y Agencia Tributaria). El que más acumula es la Seguridad Social, con 125 bajas por invalidez permanente.
Si atendemos a las salidas en función del organismo al que está adscrito el empleado público, la mitad de ellas se concentran en tres estamentos. 1.575 bajas se han producido en Cuerpos Generales, 1.288 en la Seguridad Social y 800 en la Agencia Tributaria. Se han solicitado 678 excedencias y se han producido 300 bajas por fallecimiento de los empleados.
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