| |
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación a la decisión que tomó el Gobierno de Mariano Rajoy de no pagar a los pensionistas lo que subieron los precios en 2012.
El TSJPV ha remitido esta cuestión al Constitucional al considerar que podría existir una "posible vulneración" de los artículos 9.3 y 86.1 de la Constitución, relativos a la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o que restringen los derechos individuales, entre otros principios.
En concreto, la cuestión de inconstitucionalidad planteada se refiere al artículo 2.1 del Real Decreto-ley de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, en el que el Gobierno español dejaba sin efecto para 2012 la actualización de las pensiones conforme al IPC interanual de noviembre y la paga compensatoria por la desviación de precios.
En su momento, el Ejecutivo del PP explicó que no compensaba a los pensionistas la desviación del IPC de 2012 ante la difícil situación económica y la prioridad de seguir avanzando en la reducción del déficit público. El Gobierno alegó que no podía asumir una compensación a los pensionistas del 1,9%, la diferencia que mediaba entre la subida aplicada a las pensiones en 2012, del 1%, y la subida de los precios en tasa interanual de noviembre de ese mismo año, que se situó en el 2,9%.
Por este motivo, el Ejecutivo suprimió la compensación en el ejercicio 2012 establecida en la ley. Suspendida la paga compensatoria de aquel año, el Gobierno anunció que las pensiones subirían, con carácter general, un 1% para 2013, salvo las inferiores a 1.000 euros mensuales, que se incrementarían un 2%.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, afirmó en su momento que la no actualización de las pensiones según la desviación del IPC de noviembre de 2012 se debía a que la prioridad del Ejecutivo era cumplir el objetivo de déficit y reconoció que fue una de las medidas "más difíciles y dolorosas" tomadas por el Gobierno español. |
