| |
Durante el año pasado la Inspección de Trabajo desenmascaró 3.539 empleos irregulares en Euskadi. Casi 300 al mes. Se trata de casos de economía sumergida que las autoridades laborales engloban en tres categorías diferentes: contratar a trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social; la falta de inscripción de las propias empresas en ese organismo; y dar empleo a personas extranjeras que carecen de permiso de trabajo. La mitad de las irregularidades se detectaron en Bizkaia, 1.153 en Gipuzkoa y 631 en Álava.
Lo realmente llamativo es que la cifra de fraudes destapados casi duplica la registrada en 2012, cuando fueron 1.980. ¿A qué se debe ese aumento del 78%? Según Carlos García, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco, hay dos motivos. De un lado, está la crisis, que configura «una realidad social más propicia al fraude». Es decir, que a medida que se sigue deteriorando la situación económica aumenta la gente que se ve tentada a hacer trampas y, en consecuencia, también crecen los casos que acaban descubriéndose.
Pero, de otro lado, García también apunta al creciente «esfuerzo» que llevan a cabo los funcionarios de la Inspección para destapar ilegalidades y que les lleva a desarrollar sus funciones en «horarios y lugares intempestivos». Esto se une a que la plantilla se ha reforzado «a raíz de la transferencia al Gobierno vasco» de las políticas de empleo en 2012 y de la puesta en marcha del plan de lucha contra el fraude el mismo año.
Además de todo lo anterior, los mejores resultados en la persecución de la economía sumergida tienen mucho que ver, dice García, con la «intensa colaboración con otros organismos e instituciones como la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, el INSS, la Policía Nacional o la Ertzaintza». El plan es que para este año se mantenga el pie en el acelerador y se «intensifiquen» las actuaciones inspectoras.
De manera especial, una de las prioridades de la Inspección para 2014 es «la detección del fraude que cometen empresas que simulan contratos a tiempo parcial cuando, en realidad, la prestación de servicios lo es a tiempo completo» con el fin de reducir costes a través de escatimar en cotizaciones.
55 empresas ficticias
Con esto tiene que ver otro de los apartados en el que los inspectores han incidido hasta ahora. Durante el año pasado hicieron aflorar un volumen de fraude a la Seguridad Social de 40,5 millones de euros (26,6 en Bizkaia, 9,2 en Gipuzkoa y 4,7 en Álava). Se trata, según el responsable del organismo en Euskadi, de cuotas que o bien no se pagaron, o que se abonaban en una cuantía inferior a la que deberían. Los expedientes que desvelaron estos casos generaron también multas por valor de 458.000 euros.
De manera paralela, la Inspección también destapó 55 empresas ficticias o contrataciones simuladas. En este caso, la estafa a las arcas públicas se concreta firmando contratos falsos en los que se da de alta al trabajador pero, en realidad, no presta ningún servicio. «La casuística es bastante variada, pero hay conductas bastante repetidas», explica Carlos García. Especial protagonismo tiene el «ámbito agrícola», donde a menudo surgen empresas ficticias que facilitan contratos falsos «a extranjeros que buscan un permiso de trabajo, o a nacionales que necesitan algo más de cotización para cobrar el paro, o a presos para acceder al tercer grado penitenciario».
En otras ocasiones, las empresas son legales, con trabajadores «reales», pero que se valen de su propia estructura para realizar contratos simulados. Y, además, también está en ámbito de los empleados domésticos, donde las simulaciones de contrato siguen estando a la orden del día.
Por último, a lo largo de 2013 la Inspección revisó y logró su transformación en indefinidos de un total de 254 contratos temporales. |
