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BILBAO. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha planteado cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional español sobre el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que establece un periodo de prueba de un año, y que se creó a raíz de la última reforma laboral.
El auto de la Sala de lo Social del alto tribunal vasco, que preside Garbiñe Biurrun, plantea esta cuestión en relación con un despido durante el periodo de prueba de una trabajadora en plantilla bajo la modalidad de contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.
El TSJPV expresa sus dudas sobre esa norma, ya que contempla un periodo de prueba "excesivamente largo", que "encaja mal con el carácter indefinido del contrato" y que "conlleva un despido a causa, libre y barato". Pide al Tribunal Constitucional que decida si vulnera el principio de igualdad ante la ley y los derechos al trabajo, a la negociación colectiva y a la tutela judicial efectiva, así como la prohibición de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
La sala pone de relieve sus dificultades ante la norma aplicable en este caso, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en lo relativo al contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Señala en su auto que el periodo de prueba de un año "excede sobradamente" los seis meses que con carácter absoluto se prevé en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.
También apunta que al no prever derecho a indemnización o resarcimiento alguno puede entrar en contradicción con el principio de igualdad ante la ley y de no discriminación del artículo 14 de la Constitución. De igual forma, estima la "falta de elementos que justifiquen un periodo de prueba tan amplio" y el "tratamiento desigual y discriminatorio" de las personas contratadas bajo esta modalidad. |
