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«Quieren acabar con todo, con los derechos laborales y sociales». Este fue el lema de la huelga general que el 29 de marzo de 2012 convocaban los sindicatos que dirigen Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo contra la reforma laboral del Gobierno. Una norma muy contestada en las calles por UGT y CC.OO., pero también muy utilizada por esos mismos sindicatos cuando han tenido que recortar personal. No han hecho ascos a las mayores facilidades para despedir que introduce la ley para adelgazar sus propias plantillas. Y sin recurrir primero a las medidas de flexibilidad interna por las que aboga la reforma como paso previo a extinguir una relación laboral.
Las protestas de los trabajadores por los despidos aplicados por las centrales sindicales se han sucedido durante los últimos años. Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, La Rioja... prácticamente en todas las regiones españolas UGT y CC.OO. han presentado ERE de extinción, que han afectado en los dos últimos ejercicios a más de mil trabajadores, la mayor parte de ellos despedidos de sus puestos de trabajo por razones objetivas, es decir, con una indemnización de 20 días por año y un tope de 12 mensualidades.
El ERE aplicado en Madrid ha sido el más reciente. El pasado mes el sindicatos socialista prescindía de 35 trabajadores y previamente, como ya informó ABC, les amenazó por carta con percibir sólo 20 días por año si acudían a los tribunales; en caso de conformidad con el despido, su indemnización sería de 35 días por cada año trabajado con un límite de 15 mensualidades, tres meses más de lo que estipula la legislación laboral para una extinción por causas económicas.
En los últimos dos años UGT ha aprobado ERE en Galicia (36 personas), Cantabria (10), Navarra (19), Comunidad Valenciana (32), Andalucía (158) y Madrid (65), que han supuesto el despido de 320 personas, a los que se suman otros 45 afectados en Aragón, 35 en la Comunidad Valenciana, 20 en Navarra y 11 en Canarias. Hay que recordar que en estas islas Fundescan, una fundación de UGT, despidió hace unos años a 160 trabajadores.
Además, el sindicato de Cándido Méndez ha aplicado regulaciones temporales de empleo (ERTE) a 265 trabajadores en Cataluña, a 60 en Andalucía y a un total de 130 en la Comunidad Valenciana.
Mientras, CC.OO. ha finiquitado los contratos de 168 miembros de su plantilla en Galicia (9), Cantabria (25), Castilla y León (20), Extremadura (50), Andalucía (20) y Canarias (29). Y ha puesto en marcha un ERTE para 123 trabajadores en Aragón y otro en Castilla y León para unas 90 personas.
¿Qué motivo esgrimen las centrales para justificar esos despidos con 20 días? Cándido Méndez explicaba en una entrevista radiofónica que el sindicato siempre intenta llegar a un acuerdo con el trabajador, pero que «en los casos de desacuerdo, si hay que ir a los tribunales, éstos se acogen a la legislación vigente que marca 20 días por año».
Pero la crisis aprieta a todos por igual y los sindicatos no se han librado de ella. Desde el inicio de la crisis, el número de trabajadores afiliados a algún sindicatos ha caído en más de medio millón, según la última Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo. Si a ello le unimos la rebaja de subvenciones estatales, la asfixia económica es patente.
A la cola de la OCDE
Un reciente informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, basado en datos de la OCDE, situaba a España como uno de los países con tasas de afiliación más bajas de todos los estados miembros de la organización. Según estos datos, el 15,9% de los trabajadores de nuestro país está sindicado, el mismo porcentaje que hace una década. Sólo estamos por encima de Francia, Estonia y Polonia. La media en la OCDE es de 19,9%. Y en todos estos países se ha producido caída de afiliación.
Más de 11 millones en subvenciones
Este año, los sindicatos han recibido 8,8 millones de euros en subvenciones después de que el Gobierno recortara un 20% esta partida presupuestaria, el segundo «tijeretazo» de esta envergadura aplicado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en dos años con el objetivo de reducir el gasto público y equilibrar las cuentas del Estado. Subvenciones que no incluyen los 2,7 millones presupuestados para sufragar la participación de los sindicatos en los órganos consultivos y consejos.
Así, la partida que reciben las centrales sindicales para fomentar las actividades que realizan en defensa y promoción de los intereses de los trabajadores, se ha reducido en casi un 44% desde 2011. El primer recorte se produjo en 2012, cuando estas ayudas pasaron de 15,7 millones a 11,1 millones; un año después esta partida quedó en 8,8 millones.
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