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El Gobierno español retirará la prestación por incapacidad temporal al trabajador que no comparezca a la solicitud de revisión por parte de los médicos de la Seguridad Social y de las mutuas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha introducido un cambio en la Ley General de la Seguridad Social a través de la cual suspende la prestación hasta que el empleado justifique debidamente por qué ha faltado a la cita médica.
La modificación se ha realizado a través del proyecto de ley de los Presupuestos de 2014, en concreto en una de las disposiciones finales, informa Europa Press. El PP cuela así de rondón, como en tantas otras ocasiones, una medida que, más allá de los inconvenientes que pueda generar a los afectados una vez se ponga en práctica, encierra una profunda carga ideológica. Y es que incrementar el control del absentismo laboral continúa grabado a fuego en el ideario de la patronal española, a pesar de que las faltas al trabajo se han reducido de forma importante por el miedo a perder el empleo. El PP realiza de esta manera un nuevo guiño en este sentido, que además casa perfectamente con su política de ahorro del gasto público. El Ejecutivo indica en el mencionado proyecto de Presupuestos que se estudiará el procedimiento del derecho y los efectos de la medida de cara a un futuro desarrollo reglamentario.
Según fuentes sindicales, esta cuestión ya ha sido tratada en las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para elaborar una nueva ley en la que se regulan determinados aspectos del control de las bajas por incapacidad temporal en el primer año, entre ellos la nueva limitación que se quiere introducir para los casos en los que no se acuda a la revisión.
Hasta ahora, en caso de que no se asista a una cita con el médico estando de baja no se suspende directamente la prestación, sino que solo se retira en todo caso unos días más tarde una vez vencido el plazo para justificar la incomparecencia. El cambio es importante porque, además de retirarse directamente la prestación hasta que se justifique la ausencia, el Ejecutivo español baraja introducir un plazo máximo de diez días para hacerlo. Si diez días después de la cita el trabajador aún no ha explicado debidamente por qué no acudió a la revisión podría perder el derecho a la prestación de manera definitiva. Los sindicatos han explicado que se oponen a esta modificación porque vulnera la presunción de inocencia de los beneficiarios y porque entienden solo atiende a los intereses de las mutuas. Las centrales denuncian además las formas en las que el PP ha introducido este nuevo recorte "por la puerta de atrás", indican en referencia al proyecto de los Presupuestos del Estado.
rango de ley El Gobierno de Mariano Rajoy justifica el haber incluido este cambio en los Presupuestos por el hecho de que es una modificación de la Ley General de la Seguridad Social que requería una tramitación a través de otra norma con rango de ley, y explica que no tenía sentido incluirla en la reforma de las mutuas que se está preparando porque afecta a los servicios de salud en general y no solo a estas entidades.
Según el PP, la nueva regulación de las bajas "incentiva que los beneficiarios den explicaciones cuando no comparezcan a un reconocimiento" y permite recuperar fácilmente la prestación si se dan las explicaciones adecuadas. El Gobierno dice que se logrará una mayor seguridad jurídica y una mejora del funcionamiento de la prestación.
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