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Francisco Javier Martínez Díaz de Zugazua falleció en noviembre de 2008. Lo mató un mesotelioma de pulmón que le diagnosticaron en septiembre de 2007 y que creció en torno a las fibras de amianto que aspiró en la planta de Vitoria de la multinacional francesa Michelin, en algún momento a lo largo de los 34 años de vida laboral que acumulaba en sus instalaciones. Una sentencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo confirma lo que ya dijeron primero los juzgados de lo social de Vitoria, el Tribunal Superior vasco después, y que se consideró un hecho probado en la vía civil que también ejercieron sus familiares: Michelin no protegió a sus empleados del amianto que forraba tuberías y prensas en muchos puntos de las instalaciones de la empresa.
El Supremo, además, aplica la pena máxima de las posibles contra Michelin, al condenarla a completar con un recargo del 50% (van del 30% al 50%) las prestaciones que han recibido y que todavía tienen que recibir en el futuro, la viuda, y los hijos del trabajador fallecido. Es más, la sala precisa que el porcentaje de recargo de prestaciones a aplicar es el máximo debido a la “gravedad del incumplimiento empresarial”. “En este caso —precisa el magistrado— el porcentaje es correcto toda vez que: existía un alto riesgo o probabilidad de contraer la enfermedad; que ya desde 1947 se conocen enfermedades profesionales derivadas del contacto con el polvo de amianto; que desde 1957 existían medidas de protección de los trabajadores que estuvieran en contacto con este material; que no consta que la demandada —Michelin— hubiera adoptado en su día ninguna medida de protección de las ya previstas normativamente; que el mesotelioma es una enfermedad muy grave con alto riesgo de fallecimiento y que en el presente caso el fallecimiento ciertamente se produjo”. Desde que le diagnosticaron la enfermedad hasta que el Supremo ha cerrado el ciclo de su batalla judicial han pasado casi siete años.
Un largo periodo de tiempo en el que la multinacional ha insistido en rebajar las sucesivas condenas con el argumento de que “no utilizábamos el amianto en el proceso de producción”. Una tesis que convenció en 2007 a Osalan, pero que en 2008, cuando el Instituto vasco de Salud Laboral reabrió la investigación, ya no coló. Osalan primero, la Inspección de Trabajo después, y ya en cadena el resto de instancias judiciales, se convencieron de lo contrario. En octubre de 2008 Osalan dejó escrito en su informe definitivo que Michelin “había ocultado” la presencia “masiva” del amianto en sus instalaciones y además confirmaba que la empresa no había realizado las mediciones de fibras obligatorias, lo que propició una exposición masiva de los trabajadores a ese producto. Después de un largo año luchando contra el cáncer y contra su empresa, Javier Martínez falleció un mes después de esa resolución. Apenas si pudo disfrutar la victoria en la primera batalla judicial. Tenía 55 años de edad.
En marzo de 2009, la Seguridad Social confirmó que el cáncer de Martínez era de origen profesional y, tres años después, el juzgado de lo social número tres de Vitoria condenó a la multinacional a una de las más altas indemnizaciones por esa razón. En agosto de 2012 la Inspección de Trabajo forzó a Michelin a acometer la mayor campaña de revisiones médicas a empleados y exempleados de la firma —más de 600 con la exigencia de unos plazos concretos—. La sentencia del Supremo completa el caso del amianto en Michelin, pero deja la puerta abierta a nuevos episodios: “A la Sala le consta la existencia de otros trabajadores afectados por lo mismo”.
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