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Buena parte de los enfermos por amianto sabe mucho de leyes. Ninguno es abogado, pero sus enfermedades respiratorias les han obligado a pisar muchos juzgados. Las incapacidades laborales, las pensiones y las indemnizaciones se suelen solucionar a golpe de litigio. Ya hay más de 30 sentencias de condena contra empresas en las que se usaba amianto en Cataluña (aunque la inmensa mayoría se encuentran recurridas). Y en marcha, al menos 100 demandas más. Los procesos abiertos contra la Administración por pensiones son, según algunos abogados, incontables.
Las pruebas médicas que revelan que pequeñas fibras de amianto están instaladas en sus pulmones desde hace décadas no son suficientes para conseguir indemnizaciones por los graves problemas de salud sufridos (tumores mortales, trastornos respiratorios, etcétera). Además, las administraciones se resisten a conceder la incapacidad a los enfermos por amianto, cuya fabricación está prohibida desde 2002. Por eso, los afectados acuden a abogados. En las denuncias más costosas, las que van contra las empresas, los letrados son, en general, de cooperativas y sindicatos.
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