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Hubo un tiempo en el que respirar resultaba peligroso en el puesto de trabajo. Había unos espacios en los que el oxígeno circulaba envenenado por un agente tóxico, el amianto, y decenas de trabajadores que lo inhalaban morían años después aquejados por afecciones de pulmón o de garganta sin saber el porqué de una enfermedad que convertía el simple hecho de respirar en algo tan doloroso.
El asbesto, que les aislaba del calor y les protegía de las quemaduras en tuberías y canalizaciones, se acabó infiltrando en sus pulmones y cobrándose una factura que en la mayoría de los casos han acabado pagando con su vida, precisamente cuando empezaban a pensar en disfrutar de la jubilación.
Las cifras oficiales de Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, sitúan actualmente en 5.563 los trabajadores que están amenazados de por vida a causa de ese cancerígeno, y de 156 muertos por el asbesto hasta la fecha, aunque posiblemente la cifra debiera multiplicarse por cuatro o cinco.
El Parlamento constituyó el pasado lunes una ponencia que empezará a trabajar el próximo mes de febrero y que analizará cómo ayudar a los damnificados. “Es un problema que existe y que teníamos que afrontar”, aseguró ayer a EL PAÍS el presidente de la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad, el socialista Mikel Unzalu, en cuyo seno se ha creado la ponencia. Unzalu cree llegada la hora de luchar contra un problema que se ha convertido ya en un cáncer para la sociedad.
La ponencia buscará poner en marcha fórmulas rápidas de compensación a las víctimas para evitar que prolonguen su agonía en los pasillos de los juzgados peleando contra las empresas en las que enfermaron. Este fondo sería el primero de su tipo en toda España.
“Es emocionante ver cómo cambia esto”, dice Eusebio Pagola. Con los pulmones llenos de placas, una de las patologías derivadas de trabajar en contacto con el amianto, viaja en una silla de ruedas desde hace lustro y medio, conectado a una bomba de morfina y a otra de oxígeno. “Todavía hay mucha gente desprotegida y un fondo de compensación les ayudaría”, afirma con dificultad.
Pagola conoce su sentencia desde hace tiempo, pero sigue luchando. A sus 69 años y con serias dificultades de movilidad, sigue participando en las concentraciones de protesta que convoca la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie). “Tengo muchos dolores, pero más me duele ver el desfile de afectados por los juzgados para que se les reconozca la enfermedad profesional, para recibir una compensación mínima por un mal que nunca que nunca debieron contraer”, sostiene emocionado.
El Parlamento va a analizar una aspiración del colectivo de afectados —el fondo compensatorio— que ya funciona en países como Francia o Alemania. Presentará sus propuestas antes de junio después de invitar a que expongan sus opiniones los afectados, las asociaciones de enfermos, sindicatos y especialistas en salud laboral y derecho. Sus conclusiones se incorporarán a la Estrategia de Salud Laboral 2011-2014.
Han tenido que pasar cuatro décadas para que la sociedad vasca ponga el amianto en la agenda de sus problemas y empiece a asociar ese producto al dolor que inflige a sus víctimas.
“Es triste estar contento porque un problema como este acaba socializándose”, apunta el responsable de salud laboral de CCOO, Jesús Uzkudun, protagonista del impulso social y judicial que están teniendo las patologías ligadas a esta serie de enfermedades profesionales. “Pero hay que alegrarse de que apenas hace cinco años el amianto solo era conocido por sus víctimas y ahora todo el mundo lo considera un enemigo. Así es más fácil luchar contra él”, añade.
El asbesto amplifica el daño que causa, pues junto a la enfermedad obliga a los afectados a desesperarse en un laberinto judicial para probar en qué empresa aspiraron sus fibras.
La familia del trabajador de Michelin Javier Martínez Díaz de Zugazúa, muerto en 2008 por el amianto, como reconocieron Osalan y la Inspección de Trabajo, celebró el tercer aniversario de su fallecimiento en los juzgados, reclamando una indemnización a la multinacional francesa, que sigue negando la mayor.
Martínez Díaz de Zugazúa falleció cinco meses antes de que le reconociera judicialmente la enfermedad profesional. Su familia celebró el funeral, por expreso deseo suyo, en la iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga, en Vitoria. Ese templo se convirtió en un icono en 1976, tras los sucesos del 3 de Marzo, en los que fallecieron cinco trabajadores por disparos de la Policía durante una protesta laboral. “Quería que también las víctimas del amianto recogieran el testigo de la lucha de los trabajadores en este problema”, aseguran sus excolegas.
Para la directora de Osalan, Pilar Collantes, el fondo de compensación debe ser considerado como un adelanto de la prestación. “Debiera de ser un fondo de la Seguridad Social que se pagara a través de las mutuas. Está claro que si cotizamos por las enfermedades profesionales tenemos ahí una bolsa de la que recibir la prestación en caso de confirmarse este tipo de patologías”, destaca.
El fondo aceleraría el cobro de las prestaciones, facilitaría el concepto de las indemnizaciones y evitaría a los afectados un tránsito judicial como el que sufrió el citado trabajador de Michelin y otros muchos en la misma situación.
El problema judicial para recibir una indemnización y el recargo de prestaciones deriva de que la actual legislación establece que hay que identificar claramente la empresa en la que el trabajador estuvo en contacto con las fibras cancerígenas, y ello muchas veces resulta imposible porque o bien han cerrado o el trabajador pasó por varias durante su vida laboral y no se puede demostrar en cuál aspiró el amianto. “Muchos compañeros nunca pueden demostrar en los tribunales la enfermedad profesional, pese a sufrirla”, critica Pagola.
Otro problema del asbesto es que el número de afectados crece muy rápidamente. Ya no son solo trabajadores y jubilados, sino que también empiezan a fallecer sus esposas, quienes respiraron las fibras cuando, por ejemplo, sacudían un buzo antes de lavarlo.
El cineasta Juan Miguel Gutiérrez descubrió mientras filmaba una película sobre este problema —La plaza de la música que su propia madre, Araceli— había fallecido por un cáncer de pulmón asociado al amianto, un mesotelioma pleural. Su madre colgaba la ropa frente a un gran ventilador de la empresa Paisa, que trabajaba con grandes cantidades de amianto en Rentería, donde vivía la familia.
El último informe del Departamento de Empleo concreta que entre 2009 y 2010 Osalan derivó 343 nuevos casos a Osakidetza por contacto con el amianto. Solo el año pasado la cifra se acercó a los 200 casos y sigue creciendo.
Hay nuevas posibilidades para detectar este mal. Desde enero de 2008, los servicios de Atención Primaria y las mutuas están obligadas a comunicar las sospechas de enfermedad profesional. Hasta 2010, el sistema no había funcionado, con 22 casos hasta agosto de ese año, pero tras una campaña de Osakidetza ese año, han aflorado 142 casos en apenas 12 meses. “Está claro que estamos antes un problema social y de salud de primer orden”, coinciden los responsables de salud laboral de los sindicatos ELA y LAB.
El pasado 4 de diciembre, fallecía el trabajador de Rentería Ángel Robles por esta misma causa. Todos los grupos municipales —Bildu, los socialistas, el PNV, el PP y la agrupación local Errenteriako Ezkerra— pidieron en una moción que se cree un fondo de compensación para las víctimas como el Parlamento va ahora a analizar.
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