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El Juzgado Social número 15 de Madrid ha condenado a la empresa Uralita a pagar 1,7 millones de euros por 23 casos de trabajadores afectados por la exposición a amianto en Getafe (Madrid). La demanda colectiva, presentada por la Asociación de Víctimas del Amianto (AVIDA), es la primera que Uralita pierde en Madrid por la vía de lo Social.
La asociación ha acogido con satisfacción la sentencia, en la que se declara culpable a Uralita por “no adoptar las medidas de protección necesarias para preservar la salud de los trabajadores", pero ha lamentado que se desestimaran 17 casos de los incluidos en la demanda.
La sentencia recoge que, si los trabajadores demandantes hubieran contado con equipos adecuados y se hubiese procurado “una limpieza acorde a la reglamentación”, las enfermedades que habían padecido posteriormente no se hubiesen desarrollado o lo habrían hecho en un grado menor.
Además, asevera que la empresa actuó de forma “negligente y culposa” porque debía de haber estado al corriente de las enfermedades que produce la exposición al amianto o asbestos. Hasta ahora, la línea de defensa de la empresa había sido precisamente la argumentación contraria: que como el amianto no fue prohibido hasta 2001, no se le podía culpar por sus efectos nocivos. Un portavoz de de Uralita ha asegurado que ya la compañía ya ha interpuesto un recurso, subrayando que la sentencia deja claro que en ningún momento la empresa violó la normativa vigente, por lo que la condena "se basa en la aplicación de una reglamentación no específica y por tanto no exigible cuya infracción no ha quedado acreditada“.
El presidente de AVIDA, Juan Carlos Paúl, ha destacado el precedente que abre esta primera sentencia contra Uralita en Madrid por la vía de lo Social, por oposición a la casi veintena de casos que los afectados habían ganado ya por lo Civil. Según la interpretación de Paúl, si el resto de casos incluidos en esta demanda han sido desestimados por el juzgado es solo “por razones administrativas”. El juzgado ha considerado que algunos de los casos ya habían prescrito, otros habían formado parte de procesos anteriores, y un tercer grupo no se podían considerar responsabilidad de Uralita sino de una segunda empresa. Por estas razones, Avida planea presentar un recurso.
En los últimos años se han redactado sentencias similares en Valencia y Barcelona. La primera, de 2009, fallaba contra Unión Naval y le obligaba a pagar 11 millones a 71 trabajadores víctimas de enfermedades relacionadas con el amianto (entre 110.000 y 250.000 euros a cada uno). La segunda, de 2010 contra Uralita, fijó compensaciones de cuatro millones para 45 vecinos que vivían en las inmediaciones de una fábrica y que, según la resolución judicial, sufrían enfermedades causadas por el contacto con el amianto que utilizaba la empresa para fabricar sus materiales.
La cantidad de afectados por la exposición al amianto en Madrid es difícilmente calculable, porque incluye desde trabajadores que manipularon el material hasta a personas que se expusieron a él moviéndose en ambientes en que flotaban partículas. AVIDA estima que pueden ser cerca de 25.000.
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