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Según los últimos datos oficiales de Osalan, los trabajadores expuestos a amianto en Euskadi ascienden a 5.933, de los que 1.495 están en activo, otros 1.563 son postocupacionales. Este volumen de trabajadores que supuestamente están controlados apenas si son un 20%, en el mejor de los casos, de los que se calcula que han estado expuestos de una manera directa con el mineral cancerígeno. En el Pais Vasco, 167 empresas manejan y manejaron amianto, siempre según los datos oficiales, que difieren bastante de los reales, y se calcula que han fallecido 182 trabajadores, aunque ese dato está sin renovar. La asociación de afectados Asviame dice que desde 2008, hay 105 fallecidos por la falta de medidas de seguridad en las empresas.
El pasado mes de febrero el Parlamento dio razones a los afectados por el amianto, el aislante cancerígeno usado de forma generalizada hasta la década de los ochenta, para estar algo más esperanzados. El Parlamento aprobó a instancias del PSE, y con el voto favorable de todos los grupos —salvo la abstención de EH Bildu— la creación de una ponencia para continuar los trabajos parlamentarios realizados la pasada legislatura sobre los problemas derivados del amianto. Uno de los objetivos era explorar la creación de un posible fondo de compensación para los afectados por su uso como ya existe en Francia, Holanda o Bélgica. EH Bildu quería ir más allá y propuso que el Gobierno presentara en el primer semestre de 2013 el primer plan de Euskadi sobre el amianto.
Osalan reveló en su último informe que serán necesarios más de 30 millones de euros anuales para atender a los afectados por el amianto, tanto en ayudas médicas y asistenciales como en indemnizaciones. De hecho, la estimación se basa en las estadísticas y en los trabajos de otros países con un uso similar de amianto del que hizo España, como Francia, Alemania, Bélgica u Holanda. Algunos de ellos ya tienen fondos de compensación. Unos son públicos y otros mixtos, públicos y privados. En Estados Unidos han sido las propias empresas productoras e instaladoras, además de las consumidoras, las que han aportado fondos para atender a las reclamaciones y a los afectados por las dolencias derivadas de su uso sin medidas de seguridad. Gran parte de ese dinero sale en la actualidad de las arcas de Osakidetza que sigue tratando la mayoría de las enfermedades profesionales que tendrían que ser prevenidas diagnosticadas y finalmente tratadas en las mutuas de trabajo.
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