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Cerca de 90.000 personas, la mitad de los parados vascos, tiene difícil inserción laboral, según afirma el director general de Lanbide, Adolfo Alustiza, quien asegura que este colectivo es una de las prioridades del servicio vasco de empleo.
En una entrevista concedida a este medio, explica que entre este colectivo se encuentran discapacitados, personas con riesgo de exclusión y parados de larga duración. Pero añade, que también les preocupa mucho los jóvenes, «ya que se pueden quedar marginados cuando se reactive el mercado laboral, porque las empresas preferirán las últimas hornadas de titulados».
Alustiza asegura que se ha dado prioridad en los programas de Lanbide a los discapacitados y a las personas en riesgo de exclusión por ser los más vulnerables. En este sentido, recuerda el convenio firmado entre el servicio vasco de empleo y Eudel para integrar en el ámbito municipal los servicios sociales de base. «El plan piloto nos ha dado muy buenos resultados y estamos ampliando el convenio», remarca.
Al respecto, añade que se está bonificando el trabajo de 7.500 personas en centros especiales de empleo, con 30 millones al año. Asimismo, han dedicado nueve millones a empresas de inserción que llegaron a 554 personas el año pasado y están favoreciendo los contratos ordinarios de personas con discapacidad, con 117 casos en 2013.
En relación al requerimiento del Parlamento Vasco para que Lanbide incremente la intermediación laboral del 2% actual al 5% en 2016, el director de Lanbide señala que los indicadores de eficiencia en políticas activas de empleo muestran que Euskadi ocupa el séptimo puesto en el conjunto de España, pese a ser la última comunidad en recibirla, y que en dos años «estaremos en los puestos de cabeza». «No estamos satisfechos con el servicio que prestamos, pero no quiere decir que Lanbide sea un desastre», remarca, después de que el consejero de Empleo, Juan María Aburto, reconociera que «no ofrece un servicio de calidad pese a que ha mejorado mucho».
Alustiza es partidario de esperar a ver cómo funciona la colaboración de los servicios públicos de empleo con las agencias privadas de contratación en aquellas autonomías que han suscrito el convenio que ofrecía el Estado. «No descarto ese modelo, pero nos gustaría probar la colaboración con entidades sin ánimo de lucro y pactar posteriormente con los agentes sociales nuestro propio modelo».
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