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España es uno de los países de la Unión Europea, junto a Italia, Grecia y Portugal, en el que las empresas y las administraciones pagan más tarde sus facturas. En el primer trimestre de 2014, el sector privado las abonó a 83 días, cuando el límite legal es de 60 días, y el público lo hizo a 154 días, cuando el máximo por ley es 30 días. Un fenómeno que se ha repetido en los seis años de crisis y cuyo efecto más visible ha sido la desaparición de medio millón de compañías, según cálculos empresariales.
Y la consecuencia más inmediata del mantenimiento de la morosidad será el frenazo que sufrirán las contrataciones de personal. La encuesta, realizada en el primer trimestre de este año a 10.000 empresas de 31 países (730 en España, la mayoría de menos de 50 trabajadores), revela que el 46% de las esas compañías considera que no podrá contratar nuevos empleados a causa de la morosidad, mientras que el 69% espera una disminución de sus beneficios producida por los retrasos en los pagos. Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia en España y Portugal, aseguró que la encuesta revela como los efectos de la recuperación económica todavía no han llegado al tejido empresarial. “Hay recuperación, pero se está lejos de ver la luz al final del túnel si se analizan las expectativas empresariales”, apuntó. Dos de cada tres empresas españolas consultadas creen que el riesgo de impago puede crecer en los próximos doce meses. Un escepticismo basado en hechos tangibles (las perdidas por impagos en españa llegan al 2,9% del PIB, 27.000 millones de euros, lo que le sitúa en máximos desde 2004) y que ha llevado a la multinacional a situar a España en zona de máximo riesgo de impago en el índice con 176 puntos.
En esta situación, las economías como la española son catalogadas como casos extremos de emergencia, “en los que hay que implementar de inmediato medidas correctivas para disminuir el nivel de riesgo”. |
