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Las últimas cifras publicadas por Empleo revelan que a finales de 2013 se registró un promedio de 262.345 bajas por incapacidad temporal (IT) al mes, un dato que contrasta con los 483.011 procesos de finales de 2007. Esto quiere decir que durante la crisis las bajas laborales se redujeron nada menos que un 45,6%. Esta significativa corrección se debe a varios factores.
Por un lado, la crisis y la fortísima destrucción de empleo que ha acarreado provoca que muchos empleados que en otra coyuntura económica causarían baja en su empresa, ahora se resistan a hacerlo por miedo a perder su puesto de trabajo. Pero es que, por otro lado, a esta circunstancia, desde 2012 se le suma el factor económico.
El Gobierno aprobó entonces cambios en el régimen retributivo de la IT que son de aplicación para todo el personal de la Administración. El objetivo era frenar el volumen de ausencias de corta duración (inferiores a 15 días) que se contabilizan cada año. De este modo, a partir de esa fecha, todos los funcionarios y empleados públicos que causen baja por contingencias comunes ven reducido su salario los tres primeros días de incapacidad en un 50%, si la baja se prolonga de cuatro a 20 días, pasan a percibir el 75% de sus retribuciones y si se trata de una dolencia más grave, lo que provoca una baja de más de 21 días, solo en ese supuesto es cuando cobran el 100% de su sueldo; tal y como ocurría antes de la reforma en todos los casos y desde el primer día de la baja.
Los sindicatos de la función pública vienen denunciando desde que entró en vigor este ajuste que son muchos los empleados de la Administración que para evitar un recorte de su salario acuden a su puesto de trabajo enfermos, lo que repercute en un peor servicio al ciudadano y hace que procesos que en condiciones normales serían breves, se alarguen en el tiempo.
Sector privado
Lo cierto es que año y medio después de que se pusiera en marcha esta nueva regulacion de las bajas por enfermedad o contingencias comunes (las IT provocadas por accidentes laborales siguen siendo retribuidas al 100% desde el primer día) no existen datos de cómo se ha recortado el absentismo en el sector público y cuánto se ha ahorrado por ello el erario público.
Fuentes del Ministerio de Hacienda explican a CincoDías que está en marcha un estudio para evaluar el impacto de dicha reforma, pero admiten su complejidad puesto que deben recabar las cifras de todas las administraciones. Así, los únicos datos globales que existen son los que publica Empleo, que incluyen las bajas que se registran en el sector privado, donde también la reforma laboral permite a las empresas reducir o eliminar de manera unilateral los complementos que contemplan algunos convenios colectivos, según los cuales se retribuye hasta el 100% del salario al trabajador que causa baja. De hecho, la patronal CEOE recomendó ya en 2013 “evitar el establecimiento de complementos de la prestación pública por IT o, en su caso, suprimirlos o tratar de reducirlos”.
La última cifra de incapacidades temporales de 2014, relativa a febrero, revela un ligero repunte hasta los 349.736 procesos de media en un mes, aunque se trata de un dato que probablemente esté muy influido por factores estacionales. Aún así, si se compara 2007 con 2014, la caída es del 27,5%. Otro hecho significativo es que la duración de las bajas es cada vez menor, pasando de 37,5 días en 2007 a 30,7 este año y cómo ha disminuido su incidencia por cada 1.000 trabajadores, que antes de la crisis era de 29,9 y en 2013 concluyó con 18,19. Este es el único indicador que tiene en cuenta la caída del empleo.
En cuanto a la evolución del gasto en IT, sumó hasta marzo pasado 620,56 millones, un 20,53% más que el mismo periodo de 2013. La explicación se debe a que las mutuas han adelantado un mes los datos correspondientes a su gestión de estas bajas. Por ello, fuentes de Empleo insisten en tomar los datos del cierre del año pasado, cuando el gasto ascendió a 5.051,49 millones, un 5,76% inferior al ejercicio anterior, “lo que supone seguir manteniendo la tendencia al descenso de dicha prestación”.
A la espera de la reforma de las mutuas
Una de las reformas pendientes de aprobación y que sigue acumulando retrasos es la de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que son entidades colaboradoras de la Seguridad Social y gestionan las bajas laborales de cerca del 90% de los trabajadores. La intención de Empleo de otorgar más poder a los facultativos de estas entidades, hasta el punto de poder dar ellos las altas a los trabajadores, se ha topado con problemas legales relacionados con las competencias de los médicos de cabecera, que dependen de los servicios de salud autonómicos.
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