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La idea de que 'vale más un mal acuerdo que un pleito' no es algo retórico en Euskadi. O no tendría que serlo, al menos en teoría. Y no sólo porque es la segunda autonomía con menos procedimientos judiciales de España (131,5 por cada mil habitantes), sólo por detrás de La Rioja, lo que presupone cierta tradición de pacto reconocida históricamente por los magistrados. En realidad, los litigios podrían ser bastantes menos, ya que los vascos disponen de otra fórmula, la mediación, para resolver sus conflictos a través del pacto, fuera de los juzgados y tribunales; o dentro de ellos, pero acortando el procedimiento judicial cuando ya está en marcha.
Se trata de una red de servicios que se ha ido formando lentamente en el País Vasco desde 1996, cuando la comunidad autónoma recibió las competencias de medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Dieciocho años más tarde, cuando las tasas judiciales se han ampliado a las personas físicas, lo que encarece y dificulta el acceso de los ciudadanos corrientes a la Justicia, y cuando la opción de la Justicia gratuita tiene todos los visos de ser más restrictiva en el futuro, la estructura de la mediación ha tomado cuerpo. Y lo ha hecho hasta tal punto que en 2013 la exploraron unas 10.000 personas en Euskadi, con un éxito notable, aunque variable según las jurisdicciones.
En el caso de los menores delincuentes (se les pone en contacto con la víctima para buscar una reparación) llega al 90%. Y en el ámbito penal de los adultos (con similar procedimiento) alcanza un 60%, con la aplicación de atenuantes si se trata de delitos y de archivos de procedimiento si son faltas. En las deudas hipotecarias, la eficacia al reestructurar préstamos es de más del 50%; en los conflictos judiciales de parejas con hijos, es del 52%; y en el ámbito de las quejas de consumidores, el 46%.
El Gobierno Vasco admite que las cifras de la mediación todavía son reducidas si se comparan con los 288.000 asuntos ingresados en los juzgados y tribunales vascos durante el pasado año, lo que supone un recorte del 3,3%, según la estadística del Poder Judicial. No obstante, en el Departamento de Administración Pública y Justicia entienden que el techo logrado hasta ahora es un éxito y anuncian que van a hacer lo posible para elevarlo más, propósito para el que ya existe un marco jurídico: la ley estatal de mediación (para asuntos civiles y mercantiles) y, más específicamente en Euskadi, la ley autonómica de mediación familiar, concebida fuera de la Administración judicial.
El consejero Josu Erkoreka -al igual que su predecesora, la socialista Idoia Mendia- ya ha avisado de que caminará en esa dirección. No sólo ha hecho hincapié en el «efecto colateral» de la mediación, que alivia la carga de trabajo de jueces y magistrados, y reduce «los costos del sistema judicial». En una contestación al parlamentario popular Carmelo Barrio -también defensor de esa alternativa a los juicios-, Erkoreka destacó que el ciudadano que pacta con otro un arreglo a sus problemas «se siente más comprometido» a la hora de cumplirlo.
«El enfrentamiento judicial, sobre todo, entre personas de la misma familia o entre actores económicos que están llamados a mantener una relación comercial en el futuro, puede ser problemático», argumentó Erkoreka. «Pero la descarga emocional que supone el recurso a la mediación y el uso de la fórmula autocompositiva constituye algo enormemente positivo». Con esa filosofía trabajan los órganos públicos de mediación en Euskadi, en los que participan trabajadores sociales, psicólogos, abogados y economistas repartidos en tres departamentos del Gobierno Vasco. La mayor parte de ellos se integran en el Servicio de Mediación Intrajudicial (SMI) de la viceconsejería de Justicia, que atiende a adultos ya incursos en procesos penales (1.619 expedientes en 2013); a menores acusados en la Fiscalía (380) y a familias rotas con hijos a su cargo que pleitean en el juzgado civil (308). En tales casos, todos los partidos judiciales de Euskadi siempre ofrecen a las partes la posibilidad de aprovechar los recursos del SMI.
Plan antidesahucios
Aparte, la viceconsejería de Justicia creó durante la pasada legislatura, en plena conmoción por los desahucios, otro órgano de mediación hipotecaria extrajudicial, destinado a deudores de buena fe que intentan renegociar con los bancos sus préstamos de vivienda (58 expedientes desde 2012). El Consejo Económico y Social (CES) de Euskadi ha pedido que esa iniciativa no sea una respuesta coyuntural a la crisis, sino que tenga vocación de permanencia.
La mediación extrajudicial se completa con otro servicio del Departamento de Empleo y Política Social, también para separaciones, divorcios y otros litigios familiares; pero aquí funciona cuando las partes aún no se han enfrentado en el juzgado (2000 expedientes en 2013). Por último, el Departamento de Salud incluye en su organigrama al Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide), que entre otras funciones realiza labores de mediación y es el que suma más usuarios. El pasado año fueron 5.903, entre ellos los grupos de afectados por el escándalo de las acciones preferentes de Eroski y Fagor.
Precisamente, las críticas suscitadas por la propuesta de Kontsumobide a los preferentistas deja bien a las claras que la mediación no es una panacea. Pero sus defensores sostienen que el valor de la misma reside en que el ciudadano acuda a ella, al margen de lo que ocurra después.
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