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Visto desde fuera uno podría pensar que para una empleada del hogar de un país en desarrollo venir a Estados Unidos a trabajar para un diplomático supone una valiosa oportunidad laboral y personal. Para muchas seguramente sea así, pero para otras tantas el panorama real es mucho peor del imaginado y su experiencia puede convertirse en un auténtico infierno, del que es muy difícil escapar. Detrás del reciente caso de la vicecónsul india en Nueva York, que ha sido expulsada de EE UU tras ser acusada de mentir en la tramitación de un visado para que su empleada doméstica india residiera en el país y de pagarle por debajo del salario mínimo, subyace una problemática profunda y antigua sobre la violación de las condiciones laborales de estas trabajadoras.
Las cifras son alarmantes. En la última década, se han registrado 21 procesos judiciales con acusaciones de tráfico humano contra diplomáticos o trabajadores extranjeros en organismos internacionales en EE UU, según datos del Human Trafficking Pro Bono Legal Center, una organización civil con sede en Washington que asesora legalmente a las empleadas del hogar extranjeras. Los casos van más allá de no respetar el salario mínimo -lo que puede avanzar en una vía judicial diferente de la de trata de personas- y versan desde acusaciones de directamente no pagar nada a las empleadas hasta hacerlas trabajar durante horas, no proporcionales una cama o amenazarlas física o verbalmente. En estos 21 episodios, todas las víctimas son mujeres extranjeras y la mayoría de los acusados proceden de países en desarrollo, como Ecuador, Bolivia, Filipinas, Tanzania, Uganda, Catar o Kuwait. Y también de India. De hecho, la vicecónsul Devayani Khobragade -cuya detención hace un mes enfureció a Nueva Delhi y desató una espinosa crisis con Washington- es la tercera diplomática india afincada en Nueva York que ha sido acusada en los últimos años de explotar a sus empleadas del hogar.
Las entidades civiles vaticinan que las cifras reales de abusos son mucho más elevadas porque la mayoría de trabajadoras no se atreven a denunciar a sus superiores por el miedo a padecer represalias. De hecho, viven una situación de vulnerabilidad y dependencia máxima, ya que sus visados en EE UU están totalmente vinculados a los de sus empleadores. “Si dejan su trabajo pierden su permiso de residencia en EE UU y no quieren quedarse indocumentadas ante el miedo de ser deportadas”, advierte en conversación telefónica Martina E. Vandenberg, presidenta y fundadora del Pro Bono Legal Center. “Les es muy difícil denunciarlo porque están aisladas, viven con sus empleadores y muchas no dominan el inglés ni conocen el funcionamiento del sistema judicial”, añade, por su parte, Avaloy Lanning, directora del programa contra el tráfico humano de Safe Horizon, la organización que ha gestionado la acusación legal de Sangeeta Richard, la trabajadora de la vicecónsul india.
Richard dejó de lado estos miedos y dificultades, y tuvo el coraje suficiente de pedir ayuda para denunciar la explotación que sufría. Tras llegar a Nueva York en noviembre de 2012, a los siete meses decidió fugarse de la casa de Khobragade harta de comprobar que no cobraba lo pactado. En julio contactó con Safe Horizon que la ayudó a iniciar el procedimiento contra la vicecónsul. Según el acta de acusación, Khobragade dijo en el formulario de visado para su empleada que le pagaría un salario de 9,75 dólares la hora -acorde a la legislación norteamericana-, cuando en realidad le abonaba 30.000 rupias mensuales, lo que supone 3,33 dólares si se trabajan 40 horas a la semana. La víctima, sin embargo, lo hacía en torno a 100 horas por semana, sin días libres, por lo que su sueldo era de poco más de un dólar la hora. En India el salario mínimo es de alrededor de 1,8 dólares al día, por lo que el estándar por hora es infinitamente menor al norteamericano. Además el pasaporte de la empleada del hogar fue retenido y su familia en India recibió presiones para que retirara las acusaciones. Ahora, tras el retorno de la vicecónsul a Nueva Delhi, el proceso judicial ha quedado totalmente paralizado y todo apunta que así permanecerá sine die. De momento, las autoridades de EE UU han otorgado a Richard un visado de residencia especial para víctimas de tráfico humano, que no tiene fecha de caducidad.
Tanto el sueldo bajo como las horas extras y la retención del pasaporte vulneran la ley, endurecida en 2008, que protege a los trabajadores extranjeros que llegan a EE UU de la mano de personal diplomático. La activista Vandenberg revela que lamentablemente siempre han existido casos de violaciones de las condiciones laborales de las empleadas del hogar de diplomáticos, pero subraya que la legislación de 2008 ha supuesto un verdadero punto de inflexión en el respeto a sus derechos. “Ahora cada empleada tiene que tener un contrato que respete la ley norteamericana para poder obtener un visado”, destaca.
Además, desde entonces el Departamento de Estado ha emitido circulares en las que informa claramente a las representaciones extranjeras en EE UU de los derechos de las trabajadoras del hogar, del sueldo mínimo que deben percibir según su ciudad de residencia y de que solo pueden traerse a sus empleadas los diplomáticos de cierto rango que demuestren que pueden pagarles el sueldo mínimo legal en Estados Unidos. “El Departamento de Estado recuerda de manera regular y proactiva a las misiones diplomáticas los requisitos para emplear a trabajadores domésticos en EE UU”, afirma un portavoz oficial en una respuesta por correo electrónico.
Las últimas estadísticas de la Administración norteamericana sobre este asunto son precisamente de 2008, por lo que no se puede calibrar el impacto que ha tenido el endurecimiento normativo. Pese a ello, las cifras ya eran de por si significativas: un total de 42 diplomáticos afincados en EE UU fueron acusados de abusar de las empleadas extranjeras que habían traído al país entre los años 2000 y 2008. Cerca de un tercio de los acusados procedían de África, mientras que un 15% de Asia y un 2,5% de Europa.
A la vulnerabilidad que padecen estas trabajadoras, se le añade otro factor que complica aún más el respeto a sus derechos laborales: la enorme protección diplomática de sus empleadores. En el caso de la vicecónsul, según explica Vandenberg, gozaba de inmunidad en su horario laboral de lunes a viernes, por lo que su vida privada quedaba al margen. Pese a ello, pidió que la trasladaran a la delegación india en Naciones Unidas, donde la protección es mucho más completa. Después de que fuera imputada por la Justicia, EE UU accedió a ello pero a continuación pidió a India que le retirara dicha inmunidad para hacer frente al proceso en los tribunales. Nueva Delhi lo rechazó y Washington respondió reclamando su salida del país, lo que hizo el pasado día 9.
La activista legal critica que el de la diplomática india es el modo de actuación habitual y que la mayoría de los acusados acaban marchándose de EE UU, por lo que logran escapar del cerco judicial. Esto supone, denuncia, una violación de la convención internacional sobre inmunidad diplomática, pues establece que la protección “no es para el beneficio del individuo sino del estado” y, por ende, los países deberían retirarles la inmunidad a sus diplomáticos inculpados de un delito. Así sucedió, por ejemplo, en 2012 con el embajador de Mauricio en EE UU. Su país le levantó la inmunidad completa de la que gozaba después que Washington se lo pidiera al estar acusado de pagar a su empleada del hogar filipina por debajo del salario mínimo. El embajador se declaró culpable y abonó una compensación de cerca de 30.000 dólares. Otros diplomáticos de Taiwan e Italia también se han declarado culpables por casos parecidos en los últimos años en Estados Unidos.
Y ahora que empieza a amainar la tormenta de las últimas semanas, tanto Human Trafficking como Safe Horizon deploran que la vicecónsul india haya salido inmune de explotar a su empleada doméstica, pero confían en que la repercusión política y mediática del caso mande un “mensaje claro” a otros diplomáticos y suponga un potente detonante para lograr un mayor respeto a los derechos laborales de estas trabajadoras.
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