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El Senado tiene previsto dar hoy su aprobación definitiva a la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, la última reforma de la jubilación que introduce importantes novedades en las prestaciones.
Tras el trámite de hoy, el texto aún debe volver al Congreso de los Diputados para su aprobación final a mediados de la próxima semana, pero la norma no puede recoger ninguna modificación más en su último paso por la Cámara Baja, de forma que lo que se aprobará hoy es lo que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Estos son los principales cambios que experimentará el sistema de pensiones a partir del próximo ejercicio:
Nuevo factor de revalorización. A partir del año que viene, las pensiones ya no se revalorizarán anualmente según el IPC del mes de noviembre, como mandaba la ley. Desde 2014, el Gobierno de turno se servirá de una fórmula matemática para fijar cada año la cuantía en la que se actualizarán las prestaciones al coste de la vida. Esta fórmula tendrá en cuenta los siguientes datos: el importe de los ingresos y los gastos del sistema de Seguridad Social y la tasa de variación anual del número de pensiones contributivas. En ambos casos estas cifras se calcularán tomando una media móvil de los cincos años anteriores, el año en curso y la previsión que haga el Gobierno para los cinco años siguientes.
Además, dicha fórmula incorporará la evolución del efecto sustitución, que consiste en la variación interanual de la pensión media del sistema de cada año, antes de aplicarle la revalorización. Y, finalmente, incluirá un último elemento de cálculo denominado velocidad de ajuste: es el número de años –fijado en tres o cuatro– en los que cada Gobierno podrá trasladar el esfuerzo presupuestario, según haya déficit o superávit.
Topes mínimos y máximos. Teniendo en cuenta todos los elementos dichos anteriormente, la fórmula matemática arrojará un porcentaje de subida o bajada de las pensiones para el año siguiente. Si bien, sea cual sea el resultado, la ley fijará un techo y un suelo. De esta forma, las prestaciones deberán subir como mínimo un 0,25% cada año y no podrán superar una subida igual al IPC del año anterior más un 0,50%. Así, la ley impide también que los Gobiernos bajen o congelen las pensiones, aunque la fórmula de revalorización lo aconsejara.
Revisión cada cinco años. El factor de revalorización no garantiza, sin embargo, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, ya que estas podrán subir por debajo de la inflación anual, siempre que se respete el mínimo del 25%. Por ello, en este último trámite parlamentario en el Senado el Gobierno ha incluido en la ley el mandato para él mismo y todos los Ejecutivos futuros de evaluar, cada cinco años, la suficiencia del poder adquisitivo de las pensiones.
Supervisión externa. La Autoridad Fiscal Independiente -que estará formado por expertos autónomos y estará adscrito al Ministerio de Hacienda- será el organismo que evaluará cada año si los indicadores utilizados por cada Gobierno en la fórmula matemática que determinará la revalorización anual de las pensiones (sobre todo las proyecciones de los siguientes cinco ejercicios) son creíbles y los adecuados.
Factor de sostenibilidad. A partir del 1 de enero de 2019 entrará en vigor un nuevo elemento a la hora de determinar las cuantías de las nuevas pensiones que se den de alta en el sistema desde ese día. A los actuales parámetros que se usan para determinar la cuantía de la prestación de jubilación (edad de retiro, número de años cotizados, cantidades aportadas , etc.) se añadirá un nuevo coeficiente que relacione la cantidad resultante con la esperanza de vida del pensionista en el momento de cumplir 67 años.
Este coeficiente se revisará cada cinco años en función de la esperanza de vida cada lustro. Así, cuanto más crezcan las medias de esperanza de vida, más recortada se verá la pensión inicial de los nuevos jubilados a partir de 2019. Según los expertos a los que el Ministerio de Empleo encargó un primer informe sobre esta reforma, las nuevas prestaciones podrían recortarse un 5% nominal cada diez años por el efecto de este factor de sostenibilidad. No obstante, si la base media de cotización del sistema (ingresos) aumentara por encima del 5% en ese mismo periodo, la pensión real aumentará en lugar de disminuir.
Báñez ya aplicará la subida mínima legal en 2014
De no haber decidido cambiar el sistema de revalorización de las pensiones, el Gobierno no habría tenido que desembolsar dinero en 2013 para actualizar las cuantías de los nueve millones de prestaciones existentes. Esto se debe a que el IPC de noviembre pasado, según el dato adelantado y a falta de su confirmación, fue del 0,2%, una subida inferior a la aplicada al principio de año para todas las pensiones (2% para las de menos de 1.000 euros y un 1% para las de más). De hecho, desde el Ejecutivo se remarca que de esta forma, los pensionistas han ganado este año entre un 0,8% y un 1,8% de poder de compra. Sin embargo esta ganancia no serviría para compensar la pérdida de 1,9% registrada por la congelación de las pensiones en 2012, cuando no fueron actualizadas con la inflación por decisión del ejecutivo, que habría tenido que pagar casi 4.000 millones a finales del pasado año.
Con la reforma que aprogará hoy el Senado, la ley no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, pero el Gobierno insiste en que si la economía va bien las pensiones podrán ganar hasta medio punto de poder de compra con el nuevo tope máximo del IPC más un 0,50%. Pero, de momento, todo apunta a que el próximo año los pensionistas perderán poder adquisitivo ya que el Gobierno ha decidido aplicar la subida mínima que exige la ley (0,25%); y sólo si el IPC del próximo ejercicio fuera inferior –algo poco probable– ganarían poder de compra.
Y la propia memoria económica de la reforma prevé que las revalorizaciones que podrá permitirse la economía española supondrán un ahorro para el sistema de Seguridad Social de 12.540 millones de euros hasta 2018, que se habrían tenido que abonar si se hubieran seguido revalorizando con la fórmula del IPC de noviembre. En total el ahorro estimado con la aplicación de toda la reforma es de 33.000 millones hasta 2019.
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