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La OCDE ya ha sentenciado y tiene las recetas para mejorar la reforma laboral. Este organismo respalda y aplaude medidas aprobadas como la clarificación de la causas del despido, el límite a la prórroga automática de los convenios (un año) o el fortalecimiento de los convenios colectivos de empresa, aunque repite: «crear empleo sigue siendo demasiado caro» en España, una preocupación que empresarios, economistas y analistas también comparten en nuestro país.
Durante esta crisis la devaluación interna vía salarios ha sido la meta a alcanzar, el principal objetivo impuesto desde fuera para España como una vía para atraer inversiones y crear empleo. No han cesado las recomendaciones de las administraciones para que las empresas rebajaran el sueldo a sus trabajadores, lo que no ha ocurrido, en cambio, con las cotizaciones sociales, los impuestos sobre el empleo, que siguen muy distanciados de la media europea.
Un empresario medio en España tiene que pagar unos 7.700 euros extra sobre un salario de 23.000 euros (un 33,47% del salario bruto) en distintos costes laborales como la Seguridad Social. Estas cifras sitúan a nuestro país en el sexto puesto del mundo con mayores cargas laborales para los empresarios por trabajador, por encima de la media europea, situada en 6.200 euros, según un informe elaborado por la firma de servicios profesionales Uhy Fay & Co.
Las cuotas que tienen que pagar las empresas en España suponen un 23% de los costes salariales frente al 14,4% de media en el «club de los países ricos» y el 19,4% en la zona euro. «Las cotizaciones son un impuesto sobre el trabajo, que eleva los costes de las empresas y castiga especialmente a aquellas actividades intensivas en empleo», denunciaba la CEOE en un informe interno sobre la reforma de pensiones del que ya informó ABC.
La opinión de la OCDE sobre la reforma laboral no llega porque sí. El Ejecutivo se comprometió a realizar un seguimiento y un primer informe sobre los resultados de esta nueva norma y contrastarlo por un organismo internacional. Ahora, este organismo internacional ha elaborado un primer borrador con recomendaciones sobre cómo mejorar una de las reformas claves del Ejecutivo que se hará público a mediados de diciembre, una vez consensuado con el Gobierno. Posteriormente, será enviado a Bruselas, que hace una semana anunciaba «una segunda vuelta» a la reforma laboral», que la ministra Bánez resumía en «pequeños ajustes».
Así serán los «pequeños ajustes» en el mercado de trabajo que prepara el Ministerio de Empleo, retoques que dejarán a salvo las prestaciones:
Contrato de emprendedores también para tiempo parcial. Un año de despido gratis
Fue protanista en la reforma laboral y ahora esta contratación se extenderá también al tiempo parcial. ¿Qué supondrá? Más facilidades para despedir, dado que este contrato incluye un año de periodo de prueba en el que despedir sale gratis al empresario. Se trata del contrato fijo para emprendedores y pymes de menos de cincuenta trabajadores, está bonificado fiscalmente, además de fijar una nula indemnización por despido los primeros doce meses.
Desde la entrada en vigor en febrero de 2012, esta modalidad de contratación ha permitido crear 143.000 nuevos empleos, 56.000 de ellos a menores de 30 años.
Menos modelos de contratación ... menos burocracia
Simplificar trámites para facilitar la creación de empleo. El Ministerio de Empleo ultima la reducción de los actuales 41 modelos de contratación a tan solo 3 ó 4, según avanzó esta misma semana la ministra de Empleo, aunque a finales de agosto Bañez dijo que esos modelos quedarían reducidos a cinco: indefinido, temporal, de relevo, en prácticas y formación y aprendizaje. Y es que la negociación está abierta en estos momentos, pendiente de un acuerdo con los agentes sociales.
En la práctica esta reducción significa una simplificación burocrática de los modelos de contratación. En vez de que haya 41 formularios diferentes para cada contrato y bonificación, el Ejecutivo pretende reducirlos y en los que finalmente queden se incluirán los diferentes tipos de bonificaciones.
Toda la batería de incentivos, agrupados. Ley de empleo
El Gobierno recogerá en la Ley de Empleo todos los incentivos que hoy existen y están dispersos para facilitar de esta forma su conocimiento y utilización. La ministra Báñez ha explicado que el objetivo es «facilitar la contratación y dar seguridad jurídica al trabajador», presentar todas estas ayudas de forma más clara en un modelo único, «ya sea ligado a contrato indefinido, temporal, de relevo, en prácticas o de formación y aprendizaje».
Negociación colectiva ¿Más concreción en los ERE?
Habrá cambios en la negociación colectiva. Lo dijo el el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace una semana. Pero ¿qué cambios? La reforma laboral introdujo altas dosis de flexibilidad en los convenios colectivos como vía para esquivar despidos, manos libres a las empresas para recortar sueldos o modificar las condiciones de trabajo antes prescindir de un puestos de trabajo. ¿A qué se refería entonces De Guindos? Los despidos colectivos, que ya no precisan la autorización administrativa, están atascando los juzgados de lo social, en muchos casos, por defectos de forma, lo que, precisamente, quería evitar la reforma laboral. Esto quiere decir que los jueces están siendo muy puntillosos y parando las regulaciones de empleo porque no se han producido consultas con los representantes de los trabajadores, porque no se ha entregado la documentación adecuada o por otros defectos de forma similares. En esta dirección podrían ir los cambios que prepara el Ejecutivo.
Portal único de empleo. Mejora de la intermediación laboral
El programa nacional de reformas enviado por el Gobierno a Bruselas incluye la creación de un portal único de empleo. Se trataría de una base de datos común para todo el territorio nacional con información sobre ofertas y demandas de empleo y sobre acciones formativas, medida que se quiere combinar con un impulso de la colaboración público-privada para la intermediación en los servicios públicos de empleo.
Ley de servicios mínimos. Asegurar los derechos de todos
La ministra de Empleo, Fátima Bañez negocia ya con empresarios y sindicatos una ley de servicios mínimos que evite conflictos cada vez que hay una huelga, como los ocurridos en la limpieza en Madrid. La futura ley de servicios mínimos establecería qué porcentaje del servicio habría que cumplir en caso de huelga dependiendo del sector. Se trataría de evitar que cada vez que hay un conflicto se tengan que fijar servicios mínimos y, además, sería más fácil hacerlos cumplir en la medida en que estarían reconocidos por norma. En resumen, llenar un vacío legal sin lesionar el derecho de huelga.
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